El primer año de Humala

Una pequeña arritmia, luego fluye la inversión

Diego de la Torre recuerda vívidamente la llamada urgente que recibió el año pasado de los socios de su empresa en Estados Unidos menos de 24 horas después de que Ollanta Humala asumiera la presidencia de Perú.

“Me preguntaron nerviosamente, ‘¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?’”, relata De la Torre, presidente y cofundador de La Viga, la mayor distribuidora de materiales de construcción de Perú, quien también tiene una sociedad con una compañía estadounidense que produce concreto seco premezclado en el mercado local.

“Se habían enterado por las noticias de que un presidente que simpatizaba con (el jefe de estado venezolano Hugo) Chávez había ganado las elecciones cuando yo les había vendido la idea de que Perú era un país tan atractivo y estable como Chile. Terminamos postergando inversiones por cerca de un mes y medio”.

Los dirigentes de muchas de las principales empresas del país asumieron un compás de espera similar tras los resultados de la elección que en julio del año pasado le dio la victoria al candidato presidencial autoproclamado nacionalista.

El presidente Ollanta Humala Fotos: Presidencia/Handout/EPA/Newscom

“Toda la apuesta estaba en qué iba a pasar durante los primeros meses de gobierno”, dice Mauricio Olaya, socio en Muñiz Ramírez Pérez-Taiman & Olaya, uno de los más importantes estudios jurídicos del país. “Afortunadamente, la noticia vino durante un proceso muy optimista de inversión. Apretarle el freno de inmediato a proyectos que ya estaban en el pipeline no era una opción”.

Regresemos al presente, un año después de la asunción de Humala. Muchas de las principales empresas del país avanzan con sus inversiones programadas, o están listas para hacerlo. “El mensaje gubernamental de mantener el impulso del modelo económico fomentó la confianza, que se refleja en una saludable demanda interna, y alentó a los ejecutivos empresariales a continuar con sus planes de inversiones”, señala Rizal Bragagnini, gerente general de San Fernando, la mayor compañía avícola del Perú.

De esta percepción se hacen eco otros dirigentes empresarios que siguen con sus planes de negocios, aunque con cautela.

“A pesar de la incertidumbre, no frenamos o cancelamos nuestros compromisos de inversión por el riesgo potencial que presentaba el cambio de gobierno”, dice André Canguçú, director financiero de GDF SUEZ  América Latina, cuya subsidiaria local EnerSur opera cuatro plantas de generación eléctrica. “Tenemos intenciones de seguir invirtiendo en el Perú. Hay mucho espacio para crecer no sólo en el sector energético, sino en muchos otros”.

Canguçú y otros empresarios concuerdan en que hubo dos principales factores que contribuyeron a disipar preocupaciones y recuperar la confianza inversora: la decisión del presidente Humala de continuar con el actual modelo económico y su selección de candidatos para formar el equipo económico, concretamente el ministro de Economía y Finanzas, el presidente del Banco Central y el primer ministro.

“El anuncio de las principales figuras del gobierno mandó un mensaje positivo al sector empresarial. A nosotros nos dio seguridad para continuar con los proyectos que estábamos haciendo y hacer cosas nuevas”, dice Canguçú. GDF SUEZ, en tamaño el tercer generador de energía de Perú, está actualmente desarrollando tres diferentes proyectos eléctricos que suman cerca de US$1.000 millones en inversiones, todos los cuales están programados para entrar en funcionamiento en los próximos 24 meses.

Además de una sólida confianza inversora, factores como las ajustadas políticas fiscal y monetaria del país, leyes competitivas para la inversión extranjera y un marco jurídico estable se han traducido en crecimiento continuo a través de la mayoría de los sectores de la economía peruana, especialmente la construcción, la agricultura, los servicios financieros y el comercio minorista. Se espera que el crecimiento del PIB alcance a 6 por ciento este año, un leve descenso respecto del año pasado, pero igualmente mucho más alto que el de otros países.

Los Acuerdos de Libre Comercio de Perú con países como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, México, Chile y, más recientemente, la Unión Europea, ayudarán sin duda al país a mantener su competitividad, dicen los economistas.

“Aunque hubo una pequeña arritmia en el bombeo de inversión cuando fueron las elecciones, Perú sigue siendo un imán”, asegura De la Torre.

 

CONFLICTO SOCIAL

En tanto los ejecutivos elogian los esfuerzos del presidente Humala por mantener la economía en marcha, también son críticos del manejo gubernamental –o más bien de su falta de manejo– cuando se trata de conflictos sociales. Estos se han intensificado desde comienzos de año, especialmente en el sector minero.

“El sentimiento de convulsión es, sin duda, el principal riesgo doméstico del Perú”, dice Alonso Segura, principal economista del Banco de Crédito del Perú (BCP), la mayor institución financiera del país. “El conflicto social es preocupante ya que el gobierno no logra darle solución a estos problemas. Y no se sabe qué tanta muñeca política tiene el gobierno para destrabar estos proyectos (mineros) parados”

La mayoría de las protestas son “socioambientales” o involucran choques con funcionarios del gobierno o disputas laborales. Buena parte de este descontento también se relaciona con el hecho de que las comunidades marginadas —donde se originan la mayoría de los conflictos— aún no han experimentado la inclusión social que el presidente prometió durante su campaña. Los intereses políticos locales juegan asimismo un importante papel, añade Daniel Córdova, socio y director de la consultora estadounidense de relaciones públicas Newlink Group en Perú.

“El movimiento social se fortalece por el hecho de que autoridades regionales elegidas se unen a esta oposición a la inversión para captar adeptos políticos, cuando deberían estar promoviendo la inversión”, señala Córdova, entre cuyos clientes hay pesos pesados de la minería como Minera Yanacocha y Southern Peru.  “Estas autoridades son como minilíderes chavistas que están poniendo en riesgo el capital de inversión tomando la bandera ecológica”.

Expertos del sector señalan un caso en el departamento norteño de Cajamarca, donde el presidente regional Gregorio Santos ha encabezado protestas contra el desarrollo del proyecto de Minas Conga de US$4.800 millones, la mayor inversión del sector privado en toda la historia del país. Los manifestantes dicen que el proyecto de extracción de oro, que es desarrollado por la empresa estadounidense Newmont Mining, afectará el suministro de agua de la zona. Los choques entre la policía y quienes se oponen a la mina han provocado varias muertes y el gobierno declaró el estado de emergencia en el área en julio. “Minas Conga es un proyecto emblemático de estabilidad social,  gobernabilidad y manejo político de las situaciones en general”, dice Segura del BCP.

Por ahora, todos los ojos están puestos en Minas Conga, pero otros asuntos causan preocupación a los inversores. Entre ellos están las protestas violentas del último año contra las operaciones de gigantes de la minería como Xstrata, Southern Copper Corporation y Anglo American. Los levantamientos contra dos minas de Xtrata pocos meses atrás, por ejemplo, causaron muertes de manifestantes y hasta el secuestro de un funcionario local. Los oponentes protestan contra la supuesta contaminación provocada por la mina y piden una compensación.

A fines de julio, el presidente Humala designó al abogado especialista en derechos humanos Juan Jiménez como nuevo primer ministro, y éste, a su vez, anunció la creación de la Oficina de Diálogo Nacional y Sostenibilidad. Este organismo, que reemplaza a la anterior Oficina de Conflictos, apunta a resolver las protestas sociales y ambientales del país fomentando el diálogo y la negociación.

 

DE CARA AL FUTURO

En tanto los conflictos sociales son –y seguirán siendo– el principal tema de la agenda gubernamental, los directivos empresariales dicen que también hay otras preocupaciones que deben encararse.

En primer plano: promover el desarrollo de infraestructura, mejorar la calidad de los sistemas de educación y salud, fomentar el cumplimiento de la ley y formalizar los negocios. Y aunque la tasa de pobreza del país ha bajado marcadamente a un 30 por ciento –frente al 48 por ciento de 2005– hay mucho espacio para seguir mejorando. Lo mismo se aplica, dicen los analistas, a la desigual distribución del ingreso en el país.

Las reformas al sistema de pensiones privadas de Perú, aprobadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo en julio, también prometen figurar en los titulares de los próximos meses. Hay mucho en juego.  Los cuatro fondos privados de pensión tienen activos en gestión por US$30.000 millones, una cifra equivalente al 20 por ciento del PIB. La Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones de Perú  cuestiona la constitucionalidad de la nueva ley, que apunta a expandir la cobertura de la población y bajar las comisiones generando competencia.

Otra importante inquietud de la dirigencia empresaria es la desaceleración de la economía global,  con el mayor foco puesto en Estados Unidos, China y Europa. La debilidad económica de esos países ciertamente se hará sentir en Perú.

“Un factor determinante de la confianza del inversor en este momento es el impacto negativo de los conflictos sociales y la crisis económica internacional”, dice Hugo Santa María, socio y economista jefe de Apoyo Consultoría, una de las más destacadas consultoras empresariales del país, en una entrevista con Latin Trade en julio. “No es todo local, lo que hace o no hace el gobierno”. Y en Perú, que depende ampliamente de la minería y las exportaciones de materias primas, la salud de la economía global tiene particular relevancia, señala Santa María.

 

Archivado en: ReportajesReportajes PrincipalesTodos

avatar Sobre el autor:

RSSComentarios (0)

Seguimiento automático de URL

Ingrese una respuesta

Usted debe iniciar sesión para publicar un comentario.