Es tiempo de un poco de austeridad en América Latina

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Darles demasiado dinero a los políticos es como alimentar con golosinas a los niños: siempre lleva a un mal comportamiento.

Latinoamérica no es la excepción.

El auge económico que duró una década y se originó en los altos precios de las materias primas y los bajos costos del capital ha sido bueno tanto para los gobiernos como para los consumidores latinoamericanos.  En 2009, cuando estalló la crisis financiera global, las familias y las empresas se ajustaron el cinturón. Los gobiernos, en gran medida, no lo hicieron.

Un ejemplo revelador de esta tendencia puede hallarse en la República Dominicana.  El presidente Leonel Fernández orquestó una impresionante resurrección económica del  país en el período 2004-2008, recuperando así la confianza de los inversores. Al comienzo de su segundo gobierno, cuando la crisis financiera global pegaba fuerte, negoció un amplio  acuerdo con el FMI e inició un severo programa anticíclico de gastos que mantuvo a la República Dominicana en crecimiento cuando la mayor parte de las economías se retraían.

Sin embargo, el FMI esperaba que el país se abriera camino independientemente del Fondo y volviera a los presupuestos equilibrados para fines de 2011.

Seis meses antes de las elecciones, el gobierno de Fernández ignoró las metas establecidas por el FMI y aceleró el gasto para terminar con una ambiciosa lista de proyectos de infraestructura y ayudar a su Partido de la Liberación Dominicana a obtener un triunfo contundente. Después de lograr un superávit presupuestario en 2007, el déficit fiscal de la República Dominicana en 2012 se acercará al 6 por ciento del PIB, la mayor parte de ese monto acumulado en los cuatro meses y medio anteriores a las elecciones del 20 de mayo.

En toda América Latina, el crecimiento del gasto gubernamental ha superado el crecimiento económico. Hoy, el gasto de los gobiernos es superior al 32 por ciento del PIB, contra un 25 por ciento hace diez años.  Una buena porción del aumento se destinó a proyectos de infraestructura de gran escala, del tipo que puede elevar la productividad de un país, o con la misma frecuencia, llenar los bolsillos de unos pocos aprovechadores.

En Perú, la economía de más rápido crecimiento en el último decenio, la Contraloría General de la República calcula que el gobierno “pierde” US$3.000 millones por año a causa de la corrupción, o cerca de un 8 por ciento del gasto gubernamental total. Algunos analistas independientes estiman que las verdaderas cifras de la corrupción llegan al doble.

En todo el mundo, la tolerancia de los votantes al déficit debido al gasto público se relajó frente al tenor del derrumbe económico que amenazaba con rivalizar con la gran depresión. Pero en Latinoamérica, el modelo keynesiano a menudo lleva a abusos.

En junio, la revista The Economist arrojó luz sobre el atroz exceso del gasto en Brasil. Políticos que ganan US$400.000 al año gracias a sus múltiples pensiones, jefes de enfermería que obtienen US$120.000 por año y ascensoristas cuyos sueldos suman US$95.000 anuales fueron algunos de los más llamativos ejemplos citados.

Artículos como el publicado por The Economist están empezando a sacudir a la opinión pública y sacarla de su complacencia.  En Chile, país considerado como el menos corrupto de América Latina, los votantes se han vuelto cínicos. En marzo de 2012, una encuesta entre chilenos de clase obrera reveló que el 77 por ciento considera corrupto o altamente corrupto al gobierno.

En Colombia, un nuevo portal de Internet (www.corrupcity.com), diseñado a imagen de Farmville, alienta a los jugadores a superarse en astucia para amasar una fortuna de origen incierto. Apela a un grado de cinismo y debate público sobre la corrupción que nunca existió en Latinoamérica antes de la era digital.

Transparency International, que ha rastreado la corrupción por todo el mundo durante casi veinte años, calcula que en el último decenio ésta ha empeorado en Latinoamérica en tres cuartas partes de los países, entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Panamá.  La triste verdad es que los gobiernos latinoamericanos raramente controlan la co-rrupción a menos que recorten el gasto.

Esta lección debe ser tomada en serio por el FMI y otros organismos prestamistas que contribuyeron a evitar desastres en muchas de las pequeñas economías de la región en 2009.  Si la corrupción y el despilfarro han de reducirse en países como Jamaica, la República Dominicana y Costa Rica, entonces los organismos de préstamos como el FMI deben insistir en los recortes de gastos, en vez de inventar nuevos impuestos para estas economías ineficientes y poco competitivas.

Como Europa y China están en desace-leración, los precios de las materias primas seguirán débiles durante los próximos años.  Si sumamos a esto el hecho de que los costos de los préstamos no pueden menos que subir, resulta claro que la era del dinero fácil ha terminado.

Una vez más, Latinoamérica debe competir con economías mucho mejor administradas de Asia, Europa Oriental y el Medio Oriente, en el marco de reglas de juego uniformes.

Tras permanecer sentada en el sofá durante un decenio, engordando gracias a la liberalidad china, podría ser tiempo de rebajar algunos kilos, empezando por un poco de austeridad fiscal autoimpuesta.

 

John Price es director ejecutivo de Americas Market Intelligence.
Tiene 20 años de experiencia en consultoría de inteligencia competitiva
y estrategia en América Latina. jprice@americasmi.com

 

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