Informe Especial: Endesa – Atravesando un campo minado

Borja Prado, presidente de Endesa • Foto: Mario Ruiz

El activismo ambiental complica el avance de proyectos energéticos en Chile

Dijeron que sería difícil de lograr, y así fue.

Seis años después de que Endesa Chile y Colbun formaron HidroAysén –una sociedad para construir una serie de proyectos hidroeléctricos en la Patagonia chilena-, su meta aún parece inalcanzable.

Más de un año ha pasado desde que los reguladores ambientales concedieron permisos para las cinco represas como resultado de un proceso de evaluación que llevó tres años. Las compañías soportaron fuertes protestas contra el proyecto, encuestas en las que tres de cada cuatro chilenos se oponían  e impugnaciones jurídicas en los tribunales. Con el tiempo, la Corte Suprema lo autorizó.

Mientras tanto, el costo del proyecto se disparó de US$6.000 millones hace cuatro años a una estimación de US$10.000 millones hoy, aunque ninguna de las firmas ha publicado cifras actualizadas.

Pero como los precios de la energía en Chile se hallan entre los más altos del mundo por la importación de combustible fósil, sigue siendo “un proyecto muy atractivo que Endesa todavía quiere desarrollar”, dice Tomás González, analista del sector energético en el banco de inversiones chileno Celfin.

Las compañías ahora enfrentan lo que es tal vez el mayor desafío: encontrar la forma de transmitir la energía que se produzca en los torrentosos ríos Baker y Pascua a las principales zonas de consumo, en Santiago y la región minera del norte de Chile.

Con el permiso para construir en la mano, la línea de transmisión todavía plantea un dilema. Las compañías prefieren una línea de corriente continua que atraviese los 2.000 kilómetros que separan Aysén –una provincia escasamente poblada y con pocas industrias- de Santiago. Pero esto implica tortuosas negociaciones por los derechos de acceso y permisos de ocho regiones, docenas de municipalidades y miles de propietarios, incluidos comunidades indígenas y el empresario y ambientalista estadou-nidense Douglas Tompkins. Cofundador de la compañía de ropa deportiva The North Face, Tompkins ha gastado millones de dólares de su propio dinero para oponerse a las represas.

El gobierno calcula que Chile necesita 8.000 MW de capacidad instalada para 2020, lo que equivale a un aumento de 47 por ciento. Pero a pesar de la desesperada necesidad de energía, los inversores que quieren construir nuevas plantas enfrentan un embrollo de regulaciones. Y los expertos del sector opinan que los activistas ambientales se han vuelto adeptos a desafiar el proceso de aprobaciones ambientales de Chile.

La compañía brasileña MPX, por ejemplo, que intenta construir la mayor planta termoeléctrica del país en el desierto de Atacama, ha visto en dos ocasiones cómo declaraban el proyecto una amenaza para la salud. Los ambientalistas temen que la planta cause un daño irreversible a una zona impoluta del país aunque la compañía señala que el sitio está ubicado a 25 kilómetros del asentamiento humano más cercano.

Una licencia otorgada a Energía Austral, controlada por la empresa australiana Origin Energy, para construir otra represa en Aysén fue suspendida solo pocos días después cuando la Suprema Corte ordenó nuevos estudios geológicos sobre su riesgo sísmico.

Las energías renovables han recorrido el mismo camino: en marzo, la Suprema Corte canceló un permiso para un parque eólico en la isla de Chiloé, al sur del país, argumentando que no se había consultado apropiadamente a los grupos indígenas locales.

Al percibir que el desastre se cierne sobre el proyecto HidroAysén, el gobierno –que considera crucial la energía hidroeléctrica para reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles– ha propuesto un nuevo sistema de transmisión. Consistiría en una    carretera eléctrica pública, según el presidente Sebastián Piñera, que superaría las dificultades de los permisos y la oposición de los ambientalistas.

Pero más de un año después de exponer por primera vez su idea, el gobierno ha arrojado poca luz sobre su propuesta. Parece haber desistido de su anterior intención de poseer ya sea las líneas o la tierra, al tiempo que frenaba la emisión de permisos.

Frustrado por la falta de avances, Colbun, el socio de Endesa, envió una nota airada a la Bolsa de Santiago en mayo, recomendando que se interrumpieran las obras en Aysén hasta que el gobierno y los legisladores se pusieran de acuerdo.

El gobierno ha prometido enviar al Congreso proyectos de ley sobre la carretera eléctrica pública para septiembre.

Pero se esperan demoras.

 

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